Difundido: El 24 de junio de
1969.
Transcripción y HTML para marxists.org: Juan Fajardo, 2012.
Compatriotas:
Este es un día histórico. Y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo. Hoy día el Gobierno Revolucionario ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el más vital instrumento de su transformación y desarrollo. La historia marcará este 24 de Junio como el comienzo de un proceso irreversible que sentará las bases de una grandeza nacional auténtica, es decir, de una grandeza cimentada en la justicia social y en la participación real del pueblo en la riqueza y en el destino de la patria.
Hoy, en el Día del Indio, día del campesino, el Gobierno Revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Lejos de las palabras de vanos homenajes, el Gobierno Revolucionario concreta en un instrumento de inapelable acción jurídica ese anhelo nacional de justicia por el que tanto se ha luchado en nuestra Patria. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza, de la cuna a la tumba, y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de Junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre a quien la patria, al fin, le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre.
Al asumir el gobierno del país, la Fuerza Armada asumió también el solemne compromiso de realizar una vasta tarea de reconstrucción nacional. Nosotros siempre fuimos conscientes de la inmensa responsabilidad que contrajimos con la patria. Este no podía ser un gobierno más en el Perú.Insurgió con la vocación irrenunciable de ser el gobierno de la Revolución Nacional.
Más aún, nosotros declaramos que realizar la transformación de este país, constituye la justificación histórica del Gobierno de la Fuerza Armada. Vale decir, para la Fuerza Armada del Perú la tarea de gobernar no fue entendida nunca como banal ejercicio del poder, sin rumbo ni propósito; ni tampoco fue entendida jamás bajo este régimen como acción continuista encaminada a mantener un ordenamiento social básicamente injusto, dentro del cual la mayoríade nuestro pueblo siempre fue mayoría explotada, mayoría en miseria, mayoría desposeída. Nosotros no asumimos el poder político para hacer de él botín y negociado, ni instrumento perpetuador de la injusticia.
Todo lo contrario. Nosotros asumimos el poder político para hacer de él herramienta fecunda de la transformación de nuestra patria. No nos movió otro propósito. Quisimos darle al Perú un gobierno capaz de emprender con resolución y con coraje la tarea salvadora de su auténtico desarrollo nacional. Fuimos desde el primer momento conscientes de que una empresa así demandaría de todos los peruanos sacrificios y esfuerzo; porque sabíamos que en un país como el Perú, caracterizado por abismales desequilibrios sociales y económicos, la tarea del desarrollo tenía necesariamente que ser una tarea de transformación. Superar el subdesarrollo nacional significa, por eso, lograr un reordenamiento de la sociedad peruana por tanto, alterar las estructuras de poder, económico, político y social en nuestro país.
Por comprenderlo así, insurgimos como Gobierno Revolucionario; es decir, como régimen fundamentalmente orientado al logro de la transformación integral de nuestra patria. Sólo así el Perú podrá superar su estancamiento y su retraso, que son ambos responsabilidad histórica de quienes hasta hace diez meses detentaron el poder político en nuestro país. Fue por su inepcia y su complicidad que nuestro pueblo no pudo en el pasado encontrar el camino de su justicia, ni el Estado pudo emprender una acción vigorosa destinada a elevar al país del subdesarrollo en que lo sumieron sus malos gobernantes, sus políticos fariseos, sus grandes claudicantes.
Hoy todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy el Perú tiene un Gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país, mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado, están ya en marcha. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde, sin duda alguna, a la reforma de las estructuras agrarias. Por eso, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el Gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la Nación peruana una avanzada Ley de Reforma Agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional.
En favor de la reforma agraria se han pronunciado prácticamente todos los organismos técnicos nacionales e internacionales desde hace muchos años. Esta idea recibió el respaldo de los presidentes americanos en la reunión de Punta del Este, y desde entonces las oficinas especializadas de las Naciones Unidas han hecho hincapié en la necesidad de modificar radicalmente las estructuras agrarias de los países latinoamericanos. Y aquí en el Perú todos también han hablado de la necesidad de emprender una auténtica reforma agraria. Este fue el señuelo con el cual se lograron adhesiones y votos. Pero nada realmente profundo se hizo jamás para implantar una reforma que de veras atacara la raíz del problema y que de veras diera la tierra a quien la trabaja. Esto hace la nueva Ley. Y por venir de un Gobierno Revolucionario, es en todo sentido un instrumento de desarrollo, una herramienta de transformación; vale decir una ley auténticamente revolucionaria. Y como en el caso de la política nacionalista del petróleo ahora también la fuente final de nuestra inspiración, ha sido el pueblo; este pueblo al que nos debemos por entero; este pueblo tantas veces engañado; este pueblo que tanto ha sufrido y ha luchado en espera de una justicia que sus gobernantes nunca supieron darle; este pueblo que ahora recibe, no como una dádiva, sino como un derecho, una Ley de Reforma Agraria que abre y garantiza, al fin, el camino de la justicia social en el Perú.
En consecuencia, la ley se orienta a la cancelación de los sistemas de latifundio y minifundio en el agro peruano, planteando su sustitución un régimen justo de tenencia de la tierra que haga posible la difusión de la pequeña y mediana propiedad en todo el país. De otro lado, por ser una ley nacional que contempla todos los problemas del agro y que tiende a servir a quien trabaja la tierra, la Ley de Reforma Agraria se aplicará en todo el territorio del país, sin reconocer privilegios ni casos de excepción que favorezcan a determinados grupos o intereses. La ley, por tanto, comprende a todo el sistema agrario en su conjunto porque sólo de esta manera, será posible desarrollar una política agraria coherente y puesta al servicio del desarrollo nacional.
Al plantear la sustitución del minifundio y del latifundio y al estimular la difusión de la pequeña y mediana propiedad, la ley establece medidas que aseguran la no fragmentación de la gran propiedad como unidad de producción. Es el régimen de tenencia lo que la ley afecta, mas no el concepto de unidad de producción agrícola o pecuaria. Por eso, para el caso de las empresas agro-industriales, la ley contempla la cooperativización en favor de sus servidores, pero garantiza el funcionamiento de la nueva empresa como una sola unidad. En este sentido, la ley considera a la tierra y a las instalaciones como un todo indivisible de producción sujeto a la reforma agraria. La planta industrial de procesamiento primario de productos del campo está indisolublemente ligada a la tierra. Por tanto, es imposible afectar a ésta y dejar intocada a aquélla. Y así como en el caso del problema del petróleo el Estado expropió la totalidad del complejo, afectando los pozos y la refinería con todas sus instalaciones y servicios, así también en el caso de la gran propiedad agroindustrial, la Ley de Reforma Agraria tiene que afectar necesariamente la totalidad de la negociación. Esto no quiere decir que la gran propiedad será dividida y fragmentada, porque ello se traduciría en un perjudicial descenso de los rendimientos de la tierra. Por eso, la ley contempla el mantenimiento de la unidad de producción bajo un distinto y justo régimen de propiedad. Y dentro de la nueva empresa la ley garantiza la estabilidad de trabajo, los niveles de remuneración y todos los derechos sociales de la planta de dirección técnica y administrativa y de todos los actuales servidores, abriendo para ellos, además, el acceso a los beneficios y utilidades de la cooperativa que será la nueva propietaria del gran complejo agroindustrial que la reforma agraria afecte.
La inspiración social de la nueva ley es, pues, enteramente compatible con la necesidad de garantizar la continuidad de los altos niveles de rendimiento que la tecnología agraria ha hecho posible. Es por eso inexacto el cargo de que la reforma agraria entraña una merma de la producción del campo. Por el contrario, al racionalizar el uso y la propiedad de la tierra y al crear los incentivos derivados del más amplio acceso a esa propiedad, la reforma agraria tiende a formar más y mejores propietarios del agro, es decir, a impulsar una más pujante producción agropecuaria que beneficie, no a unos pocos, sino a la sociedad en su conjunto Un sector campesino cada vez más próspero, organizado y coherente, es la mejor garantía del desarrollo armónico y acelerado de la actividad agropecuaria del país, dentro de la totalidad del proceso nacional de desarrollo.
Otra tendencia central de la ley, íntimamente vinculada a la naturaleza de las mayores necesidades del país en su conjunto, es el énfasis que ella pone en la reorientación de los recursos del capital hacia la industria, como parte del esfuerzo nacional destinado a colocar al Perú en condiciones ventajosas frente al reto que plantea el esfuerzo de industrialización dentro del sistema de la integración económica latinoamericana. Las nuevas responsabilidades que al Perú plantea la política de integración regional y subregional, demandan de nuestro país un vigoroso esfuerzo industrial y un decidido respaldo del Estado a una dinámica y garantizada política de industrialización, centralmente basada en el sector interno de nuestra economía. Por eso, esta ley es también una ley de impulso a la industria peruana, cuyo futuro depende decisivamente de la creación de un cada vez mayor mercado interno de alto consumo diversificado y también, del apoyo constructivo del Estado, consciente del inevitable destino industrial de nuestra patria.
Desde este punto de vista, es muy importante que el capital nacional comprenda cabalmente la significación de la Ley de Reforma Agraria, como instrumento estimulador del proceso de industrialización en nuestro país. La ley, en efecto, abre muy grandes perspectivas a la inversión industrial a través del incentivo que significan nuevas empresas forjadoras de riqueza y creadoras de trabajo. Estas nuevas y amplias perspectivas de desarrollo económico, plantean un reto a la capacidad empresarial y al dinamismo de la joven industria peruana, cuyo futuro será, en gran parte, el resultado del esfuerzo tesonero de quienes a ella dediquen toda su energía y su talento. La industrialización es un aspecto central del proceso de desarrollo económico de nuestro país, y el esfuerzo industrial puede formar parte de la tarea de transformación de las estructuras tradicionales del Perú, Luchar por la industrialización es, por eso, luchar por el porvenir de la nación. Y por ello, el impulso a la industria constituye uno de los principales objetivos de la política de transformación del Gobierno Revolucionario. A este fin coadyuva la Ley de Reforma Agraria, al estimular el dinamismo del sector industrial mediante la reorientación de los recursos hacia fines de promoción de la industria nacional.
No se trata, pues, de destruir, sino de racionalizar el empleo de los recursos nacionales en función de las necesidades principales de toda la sociedad peruana. El Gobierno hace una invocación para que, al margen de posibles temores infundados, se aprecie con claridad las enormes posibilidades que la ley abre al desarrollo económico del Perú. Los empresarios nacionales deben tener la certeza de que el Gobierno Revolucionario no tiene otro propósito que el de afianzar una política industrial que no puede tener éxito sin la ampliación de un mercado interno de consumo, como el que creará la aplicación de la reforma agraria. La convertibilidad de los bonos de la deuda agraria en acciones de empresas industriales necesarias para el desarrollo del país, representa un enorme paso en el proceso de industrialización al cual el Gobierno Revolucionario brindará todas las garantías que él requiera.
La nueva Ley de Reforma Agraria, por otra parte, limita el derecho a la propiedad de la tierra para garantizar que ésta cumpla su función social dentro de un ordenamiento de justicia. En este sentido, la ley contempla límites de inafectabilidad que salvaguardan el principio normativo de que la tierra debe ser para quien la trabaja, y no para quien derive de ella renta sin labrarla. La tierra debe ser para el campesino, para el pequeño y mediano propietario; para el hombre que hunde en ella sus manos y crea riqueza para todos; para el hombre, en fin, que lucha y enraíza su propio destino en los surcos fecundos, forjadores de vida.
Por eso, en un país de limitados recursos como el nuestro, la propiedad también tiene que tener un límite. Es esencialmente injusto un sistema en el cual la inmensa mayoría de la tierra –y de la tierra mejor– esté en muy pocas manos, como ha ocurrido hasta ayer mismo en nuestro país. Esta desequilibrada e injusta situación toca a su fin con la Ley de Reforma Agraria que el Gobierno Revolucionario acaba de promulgar. La propiedad está garantizada, pero dentro de los límites que la hagan compatible con la irrenunciable función social que ella debe cumplir. Esta no es, por tanto, una ley de despojo, sino una ley de justicia. Y sí por cierto, habrá quienes se sientan afectados en sus intereses, éstos, por respetables que sean, no pueden prevalecer ante los intereses y las necesidades de millones de peruanos quienes, al fin, van a tener un pedazo de tierra para ellos y sus hijos en el suelo que los vio nacer.
Es necesario indicar a la ciudadanía que es por completo inexacta la versión según la cual en la preparación de la ley no se han recibido los puntos de vista de instituciones y personas cuyas actividades se vinculan al agro. El Ministerio de Agricultura recibió los puntos de vista de la Sociedad Nacional Agraria y de numerosas personas calificadas. Sin embargo, huelga decir que los aspectos técnicos del problema agrario de nuestro país son suficientemente conocidos, y la legislación comparada en materia de reforma agraria es, ciertamente, voluminosa. Por eso, los aspectos debatibles del problema se refieren a las opciones de carácter político implícitas en los diversos enfoques dados en todas partes del problema agrario. Y es, precisamente, donde surgen explicables diferencias de perspectiva. Por tanto, tomar un camino en vez de otro, no quiere decir de ningún modo que no se hayan escuchado distintas opiniones, significa, simplemente, que las decisiones tomadas responden a distintas concepciones generales de lo que debe ser la parte medular de una auténtica reforma agraria.
Los que vean reducida su propiedad por la aplicación de la ley recibirán compensación justipreciada por parte del Estado. Pero en conciencia, habrán de reconocer que la reforma agraria es para nuestro país un inaplazable imperativo de justicia. Y, si bien es cierto que éste es un gobierno para todos los peruanos, no es menos cierto que él debe y tiene que ser, por encima de todo, un gobierno para los más y también para los más necesitados. El Gobierno Revolucionario confía en que quienes se sientan adversamente afectados por la Ley de Reforma Agraria comprendan, por encima de sus, acaso explicables egoísmos, la profunda justicia que reinvidica y hace realidad. Nosotros actuaremos con equidad al aplicar la ley, y seremos respetuosos de los derechos legítimos de aquellos a quienes la ley se aplique. Pero seremos también inflexibles en exigir la absoluta aplicación de la reforma agraria, parte esencial de la política transformadora del gobierno de la revolución y aspecto fundamental de una responsabilidad que hemos jurado cumplir, sin desviaciones ni temores, por el bien sagrado de la patria. Por eso, por responder al clamor de justicia y al derecho de los más necesitados, es que la Ley de Reforma Agraria ha dado su respaldo a esa gran masa de campesinos que forman las comunidades indígenas que, a partir de hoy –abandonando un calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable– se llamarán Comunidades Campesinas. Los cientos de miles de hombres del campo que las forman, tendrán desde ahora el respaldo efectivo del Estado para lograr los créditos la ayuda técnica que indispensablemente se requiere a fin de convertirlas en dinámicas unidades de producción cooperativa. Creemos cumplir así un verdadero deber de reparación para todos aquellos campesinos olvidados del Perú, hombres que centenariamente han sufrido el castigo de todas expoliaciones y de todas las injusticias. Con esta ley se inicia el camino de su verdadera redención social. Ya nunca más serán las víctimas indefensas del flagelo gamonalista. A partir de hoy, con el respaldo del Estado, serán partícipes en la responsabilidad de su propio desarrollo. Así, verdaderamente al cabo de los siglos, las comunidades campesinas, el ayllu antiguo, símbolo de un milenario ideal de justicia que nunca fue totalmente abatido, verán renacidos su fuerza y su vigor para ser, otra vez, dinámicos elementos de progreso como fueron antaño en la antigua y grandiosa civilización de nuestros antepasados.
Estas son las características centrales de la Ley de Reforma Agraria que pronto todos conocerán a lo largo y ancho del territorio de nuestra patria. Los hombres del gobierno tenemos lúcida conciencia de que con ella comienza la verdadera revolución social y económica del Perú. Como en todo proceso de veras trascendente, habrá vicisitudes y habrá tropiezos. También de ello somos conscientes. No nos arredran las inevitables dificultades del proceso revolucionario que hoy comienza en nuestro país. Con el apoyo del pueblo sabremos sortear todos los peligros y todos los escollos. Más nos pesaría no tener la decisión de cumplir un compromiso que sabemos salvador para la patria. El Gobierno tiene fe en nuestra patria, confianza en nuestro pueblo.
La lucha nos hermanará a todos los peruanos que, por encima de distingos secundarios, hemos unido nuestra suerte en la defensa común de un ideal revolucionario que sólo persigue la grandeza de la Nación. Hoy como en otros momentos de trascendentales decisiones, el Gobierno Revolucionario apela al pueblo en demanda de solidaridad para emprender una dura pero inevitable empresa salvadora. Aquí, donde tantas promesas quedaron incumplidas, donde se abandonaron tantos ideales, nosotros hemos querido retomar el sentido profundo de un esfuerzo trunco hasta hoy: el de reivindicar al humilde campesino de nuestra Patria, respondiendo a una demanda cuya raíz honda se afinca en nuestra historia y cuya imagen de justicia surge de nuestro propio e inmemorial pasado de pueblo americano.
Sabemos muy bien que la Ley de Reforma Agraria tendrá adversarios y detractores. Ellos vendrán de los grupos privilegiados que hicieron del monopolio económico y del poder político la verdadera razón de su existencia. Esa es la oligarquía tradicional que verá en peligro su antipatriótica posición de dominio en el Perú. No le tememos. A esa oligarquía le decimos que estamos decididos a usar toda la energía necesaria para aplastar cualquier sabotaje a la nueva ley y cualquier intento de subvertir el orden público.
Ya se advierten indicios de una política de rumores con la que se trata de engañar y sorprender a los propios campesinos que serán los beneficiarios directos e inmediatos de la reforma agraria, porque ella les dará tierra. El Gobierno no tolerará la política de quienes traten de entorpecer la reforma agraria en perjuicio de los intereses del campesinado y de la sociedad. En esto seremos inflexibles y bien vale que todos lo entiendan claramente. La prepotencia de los intereses y de los privilegios tiene ya un límite en el Perú.
Pero la Ley de Reforma Agraria también tendrá sus defensores y sus amigos. Ellos serán los que comprendan patrióticamente la decisiva importancia que esta ley tiene para el desarrollo nacional: serán los hombres del pueblo, los campesinos, los obreros, los estudiantes, es decir, todos los que siempre han luchado por hacer prevalecer la justicia social en el Perú. Ellos comprenderán que al fin empiezan a realizarse sus ideales. Nada importa que unos seamos militares y otros civiles. La patria es una sola y es de todos. Lo que importa es que se cumpla la transformación social y económica de nuestro país para hacer de él una nación libre, justa y soberana. Desde este punto de vista, se debe recordar la posición de los hombres de la Iglesia. En una reciente declaración de los Sacerdotes de ONIS, se señala la imperativa urgencia de una genuina reforma agraria en el Perú y se sostiene que “en una concepción cristiana del hombre y del mundo, los bienes de la tierra se ordenan a todos los hombres, para permitirles la realización de su vocación y destino”. No estamos solos. En la obra de la reforma agraria tendremos a nuestro lado a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a la inmensa mayoría de los intelectuales, sacerdotes, industriales y profesionales del Perú. Y esto es lo que cuenta, porque ellos son el pueblo auténtico de nuestra patria, al lado del cual está la Fuerza Armada que surge de ese pueblo, y que a su causa brinda el respaldo de su decisión inquebrantable. Quiero, por eso, hacer una sincera invocación a la juventud del Perú para la que queremos forjar una patria mejor. Quienes vivimos hoy los años de la adultez, recibimos un mundo lleno de imperfecciones y de injusticias. Para quienes vengan después de nosotros queremos el legado de una sociedad libre y justa, la herencia de una nación donde no tengan cabida las clamorosas desigualdades y el oprobio del mundo que nos tocó vivir. Este es nuestro más grande anhelo: Labrar para nuestro pueblo y para su juventud un ordenamiento social donde el hombre viva con dignidad, sabiendo que vive en una tierra que es suya y en una nación que es dueña de su destino.
Así, mediante una política revolucionaria de inspiración verdaderamente
peruana, profundamente nacionalista y, por tanto, exenta de influencias foráneas
de cualquier índole, el gobierno del pueblo y de la Fuerza Armada pone hoy en
movimiento un vigoroso e irresistible proceso de transformación nacional,
evitando el caótico surgimiento de violencia social y dando autónoma solución
a los seculares problemas del Perú. Esta es la mejor garantía de una
verdadera y justa paz social en el futuro de nuestra Patria.
Compatriotas:
Este es, repito, un día histórico cuya trascendencia se acrecentará con el paso de los años. Hoy el Gobierno Revolucionario siente la emoción profunda de una misión y de un deber cumplidos. Hoy, en el Día del Campesino, miramos a la ciudadanía con fe, orgullo y esperanza; y le decimos al Perú entero que a su pueblo debemos la inspiración de nuestros actos y que a él hoy le entregamos una ley forjadora de grandeza y justicia en su destino.
Al hombre de la tierra ahora le podemos decir en voz alta, inmortal y libertaria, como Túpac Amaru: “¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!”
¡Viva el Perú, Señores!