Escrito: 1931.
Primera vez publicado: El proletariado español ante la revolución.
Biblioteca Proletaria, Barcelona, 1931.
Fuente/Edición digital: La
Bataille Socialiste.
Esta edición: Marxists Internet Archive, agosto de 2010.
Existe una tendencia, muy difundida, a considerar el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la República, como el coronamiento de una revolución que ha llegado a su fase definitiva. En realidad, el 14 de abril no ha sido más que una etapa (ciertamente importantísima) del proceso revolucionario que ya desde el siglo pasado se está desarrollando en nuestro país y que, empleando una frase de Karl Liebknecht, puede ser considerado como “un largo malestar”. Las etapas más importantes de este proceso han sido las guerras civiles, los alzamientos revolucionarios del siglo XIX, la aparición del movimiento nacionalista en Cataluña, la “semana trágica” de 1909, la tentativa de huelga general revolucionaria de 1911, la constitución de las Juntas de defensa, la revolución frustrada de 1917.
Las causas de ese largo malestar, de esas agitaciones y esos movimientos crónicos tiene su origen en el hecho de que España no ha realizado todavía su revolución democrático burguesa. Esta ha sido la causa fundamental de la crisis aguda del país, que no ha podido ser resuelta en el marco del régimen económico y político dominante.
España es un país eminentemente agrícola. El setenta por ciento de la población trabajadora está dedicada a las labores del campo. El peso específico de la producción agrícola es superior al de la industria en la economía española. La técnica de la explotación es extraordinariamente primitiva. La introducción de la maquinaria agrícola se efectúa con extraordinaria lentitud. El arado romano sigue dominando en la inmensa mayoría de los campos españoles. Lo que da la nota en nuestra economía agraria es la gran propiedad semifeudal, dominante sobre todo en el sur, caracterizada por la existencia de haciendas inmensas, mal cultivadas o absolutamente incultas, y de una masa campesina miserable y cruelmente explotada. Todo esto imprime un carácter de evidente atraso a la agricultura de nuestro país, atraso que determina la pauperización del campo y la disminución de la capacidad adquisitiva de la gran masa de campesinos y de jornaleros agrícolas, lo cual disminuye a su vez las posibilidades de desarrollo industrial.
He aquí unas cifras que constituirán, con una irrebatible evidencia, la ilustración más elocuente de lo que decimos. De los 50 millones de hectáreas que forman nuestro territorio, más de 31 millones están sin cultivar, y de los 5 millones de labriegos que hay en el país, 4 y 1/2 millones no poseen tierras. En Estas condiciones, no tiene nada de sorprendente que España se vea obligada a recurrir a los demás países para suplir las deficiencias de su producción. Así el año pasado nuestro país tuvo que importar alubias, por 2.500.000 pesetas; huevos, por 91.600.000; carne de cerdo, por 4.400.000; habas, por 5.200.000; legumbres, por 7.800.000; garbanzos, por 23.300.000; patatas, por 13.000.000; quesos, por 15.700.000; maíz, por 77.100.090; trigo, por 107.500.000.
Este es el resultado directo de la persistencia del latifundio en nuestro país. Se argüirá que el problema no es general, que, en algunas regiones, la propiedad está más dividida, a lo cual contestaremos que en el régimen de propiedad agraria de las regiones mencionadas subsisten numerosas reminiscencias feudales (aparcerías, rabassa morta, foros, arriendos, etc.), lo cual da al mismo un carácter regresivo.
La industria, excepción hecha de algunos islotes esparcidos aquí y allá en el mar de nuestro atraso económico, apenas ha salido del período manufacturero. El proceso de concentración ha sido lentísimo e insuficiente. Sólo en la industria metalúrgica de Vizcaya ha alcanzado una relativa madurez. En cuanto a Cataluña, la región más importante de España desde el punto de vista de la producción global, la industria textil, que es la dominante, está dividida en gran número de pequeños establecimientos mal utillados. Las mejoras introducidas últimamente en la industria del género de punto en la costa catalana no modifican sensiblemente este estado de cosas. Así, si bien la cifra de los obreros textiles es considerable (más de cien mil) no hay ni una fábrica que pueda compararse, por el número de trabajadores ocupados en la misma, a los grandes establecimientos textiles de los países capitalistas avanzados. Durante estos últimos años han surgido algunas nuevas industrias de importancia, tales como, por ejemplo, la de la seda artificial, pero la aparición de estas industrias, en las cuales, dicho sea de paso, predomina el capital extranjero, no modifica esencialmente los defectos fundamentales de la estructura económica del país.
La perturbación producida en la economía mundial por la guerra imperialista de 1914-1918 dio la posibilidad temporal a la industria española de aparecer en el mercado internacional, del cual momentáneamente habían desaparecido los países exportadores más importantes. Así, la balanza comercial, pasiva hasta 1914, es activa durante los años de la guerra. El capitalismo español hubiera podido aprovechar esta coyuntura única que se le ofrecía para renovar el utillaje de la industria y ponerse en condiciones de conservar, por lo menos una parte de los mercados conquistados. Pero el capital acumulado se empleó casi totalmente en operaciones de carácter especulativo. Se calcula que fueron destinados más de 4 mil millones de pesetas a la compra de marcos y de coronas. El resultado fue que después del armisticio, cuando los países beligerantes renovaron su actividad económica, la industria española se halló en un estado todavía peor al de antes de 1914. En los años sucesivos, a excepción de un brevísimo período de prosperidad relativa a fines de 1921, fue acentuándose la crisis, agravada además, por los progresos del movimiento obrero, que había crecido enormemente al amparo del período efímero y de florecimiento económico del país y de la ola de entusiasmo y de esperanzas que levantó la revolución rusa.
La estructura económica del país hallaba su expresión política en la monarquía, la cual se apoyaba en el caciquismo de los grandes terratenientes, en la Iglesia, que contaba (y cuenta aún) con una poderosa base económica, en un enorme aparato burocrático-policiaco-militar y en un centralismo despótico y regresivo, que ahogaba todos los focos vitales del país.
Ese régimen político-económico constituía un obstáculo insuperable al desarrollo de las fuerzas productivas del país.
La ausencia de una burguesía suficientemente fuerte para tomar la dirección del país y la descomposición general del régimen, explican el papel importante desempeñado en la vida política española por el ejército, única fuerza sólidamente organizada, centralizada y disciplinada que existía.
El golpe de Estado de Primo de Rivera fue una tentativa de la burguesía, aliada con las fuerzas más representantivas del feudalismo español, para hacer frente a las contradicciones insolubles en que se debatía, mediante un régimen de fuerza que anulara las misérrimas conquistas democráticas y las mejoras logradas por la clase obrera.
La dictadura militar no resolvió ninguna de las contradicciones del capitalismo español. La crisis industrial, en vez de atenuarse, se agravó. Durante los seis años y medio que duró la dictadura del marqués de Estella, el paro forzoso fue un fenómeno constante en las industrias más importantes del país: la metalúrgica y la textil. Primo de Rivera, practicó una política económica que, aunque inspirada en el firme propósito de favorecer a las clases privilegiadas, estaba llena de contradicciones. Así, hemos visto sucesivamente una política de relajamiento de las barreras arancelarias para favorecer la penetración de los productos industriales extranjeros y dar satisfacción a los agrarios; una política rigurosamente proteccionista para dar gusto a la burguesía industrial y asegurarse su adhesión, vacilante en ciertos momentos, o bien una política de sostén de ciertos grupos financieros indígenas muy estrechamente ligados al capital financiero internacional, lo cual determinaba el descontento en otros sectores de la burguesía española. Esta última orientación prevaleció durante los últimos tiempos de la dictadura y explica la actitud cada vez más hostil de la burguesía industrial hacia la misma. El descontento de una gran parte del ejército, suscitado por la política de concesión de privilegios a ciertas categorías de la oficialidad en perjuicio de otras, y las ambiciones crecientes e insaciables de una colectividad parasitaria que, después de haber tomado el poder, quiso obtener de esta circunstancia el provecho máximo, hizo tambalear la base más sólida del régimen. Añadamos a esto la crisis financiera, la carestía subsiguiente de la vida, y la política descarada de latrocinio efectuada por los dictadores y subdictadores de toda laya al amparo de la realización de obras públicas, que constituyeron otras tantos Panamás y que determinaron un aumento enorme de las cargas fiscales. Todo ello agravó extraordinariamente la situación económica de la clase trabajadora y de las masas pequeño burguesas del país.
Esto tuvo consecuencias fatales para la dictadura. El encarecimiento de las subsistencias, la supresión efectiva de la jornada de ocho horas, el régimen de arbitrariedad en las fábricas y talleres, suscitó un profundo descontento entre la clase trabajadora. Y el movimiento obrero, pasivo durante varios años, adquirió un nuevo impulso. La huelga del ramo textil en Barcelona, surgida espontáneamente en junio de 1926 y la declarada contra el impuesto sobre los salarios, fueron los síntomas más elocuentes de ese despertar del movimiento obrero.
El cambio efectuado por la pequeña burguesía tuvo consecuencias no menos trascendentales.
Esa clase, que constituye en España la inmensa mayoría de la población, está incapacitada, por el papel subordinado que desempeña en la producción, para desarrollar un papel político independiente. Las masas pequeño burguesas que durante los años 1917-1920 vieron con indudable simpatía el movimiento obrero revolucionario, se sintieron dominadas por el más profundo desengaño ante el fracaso del mismo. Decepcionadas de la burguesía, decepcionadas de la clase obrera, volvieron los ojos esperanzados hacia el dictador. La actitud de la pequeña burguesía ante la dictadura de Primo de Rivera fue el apoyo directo, o por lo menos la neutralidad benévola. Pero la decepción no tardó en producirse. Agobiada por los impuestos y las dificultades económicas crecientes, poco a poco fue volviendo la espalda al dictador y evolucionando en un sentido democrático. Esta fue una de las causas esenciales del gran impulso tomado por el movimiento republicano. Perdida la fe en la eficacia de la dictadura militar, en cuya instauración Alfonso de Borbón había tomado una participación personalísima, la pequeña burguesía consideró a la monarquía como la causante de todos los males que la agobiaban y vio en la República el remedio de los mismos.
La dictadura de Primo de Rivera quedó privada de toda base social e incluso de la fuerza pretoriana que la había llevado al poder, su situación se hizo insostenible, y, como consecuencia de ello, pereció, por decirlo así, por agotamiento, cayendo, como ha dicho L. Trotski, como un fruto podrido.
Primo de Rivera fue sustituido por el gobierno del general Berenguer. Algunos elementos del campo revolucionario, que, desgraciadamente, han abandonado el método marxista del análisis de las situaciones objetivas, afirmaron que en España “no había sucedido nada”, que la situación seguía siendo la misma que antes. Esta conclusión era errónea, consecuencia lógica de una concepción absolutamente falsa que había tomado carta de naturaleza en ciertos sectores del movimiento comunista y que consistía en sostener que la dictadura militar no podría ser derrocada más que por la acción violenta de las masas trabajadoras, las cuales derribarían a su vez el régimen burgués. Como los hechos se volvían contra este esquema, no quedaba otro recurso que decir que “no había pasado nada”.
La experiencia ha demostrado cuán profundamente errónea era esta concepción. Como decía Lenin, en realidad no hay situaciones desesperadas para la burguesía. El capitalismo es aún potente y puede echar mano todavía de infinidad de recursos. Es evidente que si el movimiento obrero no se hubiera hallado en el estado de desorganización y de desorientación ideológica en que se hallaba en el momento de la caída de Primo de Rivera, que si en aquel momento hubiera existido un gran partido comunista capaz de dirigir y encauzar la acción de las masas, la burguesía no habría tenido la posibilidad de maniobrar y la clase obrera hubiera tomado el poder. Pero faltaban esos factores, y por las circunstancias que hemos expuesto más arriba, se abrió la posibilidad de una nueva tentativa democrática.
Esta cuestión tiene una importancia excepcional porque se halla planteada en términos si no idénticos, análogos, en otros países, y principalmente en Italia. No faltan en dicho país comunistas que sostienen que esta excluida la posibilidad de un nuevo régimen de democracia burguesa en Italia. Si esto es verdad como perspectiva general en el sentido de que las formas democráticas de dominación burguesa no pueden resolver las contradicciones internas del régimen capitalista, no lo es de un modo absoluto con respecto a las perspectivas inmediatas. Que el régimen fascista de Mussolini sea reemplazado por un régimen democrático burgués o por la dictadura del proletariado, depende de la correlación de fuerzas sociales en el momento en que el fascismo se desmorone. Si en ese momento el Partido Comunista italiano no ha conquistado la hegemonía en el movimiento de las grandes masas populares del país, es evidente la posibilidad de una nueva etapa, más o menos prolongada, de régimen democrático burgués sostenido por las masas pequeño burguesas y las ilusiones democráticas del proletariado.
La experiencia española ha demostrado la posibilidad de esta variante. En el momento de la caída de Primo de Rivera las masas pequeño burguesas, llamadas a desempeñar un papel de una importancia tan extraordinaria, no podían seguir al partido revolucionario de la clase obrera, sencillamente porque este último en realidad no existía. Gracias a ello se abrieron grandes posibilidades de desarrollo a la demagogia democrática. La burguesía tuvo la posibilidad de poder maniobrar. La situación era, sin embargo, tan inconsistente que el paso directo al régimen democrático resultaba peligroso e imposible. El lector nos permitirá que citemos a este propósito un pasaje de un artículo publicado por nosotros en vísperas de la caída de la dictadura militar en una revista extranjera[1].
Decíamos así en dicho artículo:
“En el momento en que la dictadura se dispone a marcharse y a buscar un sucesor, no hay partidos ni hombres, y para gobernar (el señor Cambó lo hace observar con justicia en su libro sobre las dictaduras) “faltan partidos organizados y fuerzas disciplinadas, y, con la dictadura, los partidos o fuerzas políticas, o bien han desaparecido completamente o han quedado muy disminuidas”. La burguesía industrial, de la cual Cambó es el jefe visible, no constituye una excepción en este sentido. La Liga Regionalista, tan potente en otro tiempo, apenas existe como organización. Pero aún en el caso de que consiguiera, aprovechándose del régimen constitucional o semiconstitucional, reconstituir sus fuerzas, lo cual no está excluido, no estaría en condiciones para tomar la responsabilidad entera del poder. Geográficamente, la burguesía industrial se halla limitada al litoral (principalmente Cataluña y Vizcaya), económicamente choca con ese peso muerto formidable que es la España semifeudal de la gran propiedad agraria, de la Iglesia y de la monarquía. La confianza en esta última, entre las clases privilegiadas se ha visto seriamente quebrantada, la crisis es grave. Objetivamente, existen las premisas necesarias de una revolución. Pero en el momento actual no hay en España ninguna fuerza política organizada, ni entre la burguesía industrial ni entre la clase obrera, que sea capaz de tomar el poder en sus manos.
A nuestro juicio hay dos perspectivas políticas posibles, no diremos probables. La primera, infinitamente improbable, sería la convocatoria de unas Cortes constituyentes que elaborarían una nueva Constitución. Pero, ¿quién podría convocar estas Cortes? ¿Primo de Rivera? Sería paradójico ver a un dictador convocar un parlamento encargado de transformar las bases políticas del país. La historia no conoce ejemplos parecidos. La convocatoria de un parlamento semejante provocaría un período de fermentación popular, de agitación, de propaganda, de organización de las fuerzas substancialmente revolucionarias del país, que no podría conducir más que a una situación netamente revolucionaria cuyas consecuencias inmediatas serían el derrumbamiento de la monarquía. En España, la revolución burguesa no ha sido aún realizada y no es posible, como lo demuestra la experiencia de los demás países, más que sobre la base de la movilización y la participación de las grandes masas populares. La burguesía española no se opondría a la instauración de una república democrática que, al mismo tiempo, concediese una amplia autonomía política a Cataluña y Vizcaya, pero la burguesía tiene miedo (y hay que decirlo, fundado) a las masas. La experiencia de la revolución rusa es, en este sentido, demasiado elocuente. Una revolución se sabe cómo empieza; es más difícil decir cuál será su desenlace una vez desencadenada…
Todas estas razones nos inclinan a eliminar como muy improbable la primera perspectiva. La segunda perspectiva, la más probable a nuestro juicio, es el compromiso entre la dictadura, ciertos elementos del antiguo régimen y la burguesía industrial… compromiso que hallaría su expresión en un régimen seudoconstitucional que, actualmente, no podría ser más que transitorio, como lo es, en general, la situación. Será necesario, sin embargo, conceder cierta libertad a las organizaciones obreras, a la prensa, a la propaganda y la agitación. Esto unido a la crisis general del país, al descontento creciente de las masas, no hará más que agravar la situación. Surgirán agitaciones obreras, huelgas, la cuestión del poder se planteará de nuevo en toda su integridad”.
El lector nos perdonará la extensión del extracto que hemos reproducido. Los acontecimientos se han desarrollado en sus líneas generales en la forma prevista por nosotros. La situación creada en España a partir de la subida al poder del general Berenguer, ha correspondido fundamentalmente a nuestra previsión.
Desde la caída de Primo de Rivera al 14 de abril, España ha vivido bajo ese régimen semidictatorial, semiconstitucional, que anunciábamos en nuestro artículo como el único posible en aquella situación. Pero ese estado de cosas no podía durar. Se trataba de un aplazamiento, no de una solución. Las contradicciones que existían antes del 13 de septiembre de 1923 no sólo persistían, sino que se agravaban. Aumentó el déficit comercial, el volumen de la Deuda.
Si en el curso del año 1929 el cambio de la libra esterlina fue, por término medio, de 33,161, en 1930 fue de 41,927. En la primera mitad del año 1929 el número de quiebras fue de 40; en el mismo período del año 1930, de 48. El número de suspensiones de pagos pasó de 31 en 1929, a 55 en 1930. La renta de aduanas acusa una disminución: pesetas 2.455.100 de enero a noviembre de 1929, 2.230.300 en el mismo período del año pasado. El tonelaje de la marina mercante, era en 1929 de 1.231.912 toneladas y de
1.207.093 en 1930. La emisión de capitales fue en 1930 la mínima registrada en la última década: 969 millones, contra 2.497 millones en 1929. Finalmente, el índice de precios al por mayor pasa de 183 a 190 por lo que se refiere a las substancias alimenticias y de 179 a 181 por lo que respecta a las materias industriales.
Donde la crisis se ha dejado sentir con más intensidad ha sido en la agricultura. La cosecha de trigo fue de 36.000.000 de quintales métricos. El mercado interior necesita 37. La producción del vino, que en 1929 fue de 24.997.565, descendió el año pasado a 16.660.384. La cosecha de olivas fue el 36% de la cosecha media. Es en Andalucía donde la crisis ha alcanzado caracteres de mayor gravedad. Según los datos oficiales, había a principios de 1931 más de cien mil jornaleros agrícolas sin trabajo.
Todo esto tuvo una repercusión directa sobre la situación de las masas populares, cuyo descontento fue creciendo sin interrupción.
El problema del país no podía resolverlo ningún emplaste. Todas las tentativas, todas las maniobras realizadas por la monarquía, desde la llamada al poder de Sánchez Guerra y las negociaciones entabladas con los capitostes republicanos presos en Madrid, hasta la formación del gobierno del almirante Aznar, en el cual se concentraron las últimas reservas de la monarquía, resultaron completamente ineficaces.
La monarquía había agotado todos sus recursos y se hallaba en un callejón sin salida. Los hombres más perspicaces del antiguo régimen dejaban al rey en la mayor soledad, abandonando a la monarquía del mismo modo que las ratas, azoradas, abandonan el buque que se va a pique.
En estas circunstancias el régimen tenía que caer, y cayó. ¿Cómo se explica que esa monarquía secular, que tantas pruebas había resistido, se desplomara sin que fuera necesaria la acción violenta de las masas? Los demócratas burgueses de todos los matices se han esforzado en presentar este hecho como un argumento irrebatible contra los que sostienen que la revolución no puede realizarse más que mediante la acción violenta. España (dicen) ha dado un ejemplo magnífico al mundo y ha pasado de un salto de su semibarbarie de ayer a la vanguardia de los países más avanzados. Hay que confesar que este argumento ha producido una gran impresión no sólo entre las masas pequeño burguesas del país, inclinadas por esencia a la candidez, sino aun entre una parte de la clase trabajadora, y, lo que es peor, de los militantes del movimiento obrero. Así, por ejemplo, hemos podido leer en Solidaridad Obrera, órgano oficial de la Confederación Nacional del Trabajo, un artículo en el que se decía: “En un régimen de libertad la revolución incruenta es aún más posible, más fácil que bajo la monarquía” (número del 23 de abril), y Pestaña, pocos días después de la proclamación de la República declaraba en una asamblea sindical, y lo ratificaba recientemente en una conferencia dada a los estudiantes de la Universidad de Barcelona, que los últimos acontecimientos habían demostrado la posibilidad de una evolución pacífica hacia el comunismo libertario.
Al observador superficial puede producirle, en efecto, una profunda impresión el hecho de que la República española se proclamara sin violencia alguna. Sin embargo, quien haya seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos durante estos últimos meses, no se sentirá sorprendido en lo más mínimo por este desenlace insólito. Hay que decir que los primeros sorprendidos fueron los propios republicanos, hasta tal punto que puede decirse, parodiando la frase de un famoso empresario de teatros barcelonés, que los acontecimientos del 14 de abril fueron un éxito “que sorprendió a la misma empresa”.
Digamos ante todo, que el 14 de abril transcurrió sin lucha y el cambio de régimen se ha efectuado de un modo tan incruento por la razón fundamental de que en España no ha habido revolución. En efecto, ¿qué es una revolución? “Una revolución (decíamos en nuestra obra Las dictaduras de nuestro tiempo) es un movimiento popular que destruye las bases económicas del régimen existente para asentar las de un nuevo sistema. En este sentido (que es el único exacto) puede hablarse de revolución turca y de revolución rusa, puesto que la primera ha destruido un sistema semifeudal, ha abatido el imperialismo y abierto camino a la evolución capitalista del país, y la segunda ha derribado la burguesía para edificar una sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción”. Los acontecimientos del 14 de abril no han modificado para nada la base económica del régimen y, por consiguiente, no ha habido revolución. Como para desvanecer toda duda sobre el particular, el gobierno provisional, en su primera nota oficiosa, publicada dos días después de la caída de la monarquía, proclamaba solemnemente la intangibilidad del derecho de propiedad. No podía ser de otro modo: la burguesía, e incluso una buena parte de los elementos feudales del país, representados directamente en el gobierno por los señores Alcalá Zamora y Miguel Maura, se hicieron republicanos con el fin de salvar lo que ya no era posible salvar bajo la monarquía: sus intereses económicos. De no haber adoptado esta actitud inteligente, dictada por el interés de clase, el régimen habría caído inevitablemente más tarde, pero en ese caso, hubiera sido barrido por la revolución popular, cuyas consecuencias posibles aterrorizaban a las clases privilegiadas españolas. Es indudable que el deseo de evitar esa explosión popular fue uno de los motivos más importantes que impulsaron a una gran parte de dichas clases a abandonar a la monarquía. En estas circunstancias, al régimen monárquico le estaba reservada la misma suerte que a la dictadura de Primo de Rivera: caer como un fruto podrido, sin hallar el menor sostén en el país.
El hecho de que la jornada del 14 de abril no pueda ser considerada como una revolución, no significa, ni mucho menos, que en España no haya pasado nada. La caída de la monarquía representa una etapa importantísima en la historia de la revolución española, que se halla aún relativamente lejos de su etapa final. Para nosotros, los comunistas, la cuestión de la forma de gobierno no es indiferente. La caída de la monarquía representa la desaparición de uno de los vestigios feudales más importantes. Porque aunque no fuera más que por el hecho de que gracias al cambio de régimen desaparece la cuestión previa de la forma de gobierno, que hacía que una gran parte de la clase trabajadora se desviara del terreno de la lucha de clases, habríamos de saludar con entusiasmo la jornada del 14 de abril. Como decía Kautsky, en los tiempos en que era todavía revolucionario, “la república es la forma de gobierno bajo la cual los antagonismos sociales hallan la expresión más acentuada”.
Ha pasado, pues, alguna cosa. Habría ocurrido, indudablemente, algo más sustancial si el proletariado, en vez de convertirse, como se ha convertido, en un apéndice de la izquierda burguesa, hubiera tenido una política de clase propia. ¿Qué hemos visto en realidad? Los socialistas han actuado abiertamente en coalición declarada con los republicanos. La misma política han seguido, aunque en una forma más encubierta, los anarcosindicalistas. Desde la dictadura de Primo de Rivera hasta aquí, la Confederación Nacional del Trabajo no ha tenido política propia, sino que ha subordinado enteramente su actuación a la de los partidos republicanos. Así hemos visto el hecho paradójico de que esta misma Confederación que en 1929 desautorizaba a Peiró, uno de sus militantes más destacados, por haber firmado un manifiesto, junto con elementos republicanos, en el cual se incitaba a formar el frente único de todos los “elementos liberales” para derribar la monarquía, practicaba en realidad esta política y, a pesar de su apoliticismo, se adhería al “pacto de San Sebastián”, y apoyaba directamente, en las elecciones del 12 de abril, a la izquierda republicana de Macià. Villaverde, militante de la Confederación, lo declaraba abiertamente hace poco desde la tribuna del Ateneo de Madrid.
La clase obrera, que durante la dictadura, ha visto clausurar sus organizaciones, perseguir sus militantes, amordazar su prensa, disminuir sus salarios, violar la jornada de ocho horas, confiaba en que la República abriría un período de libertad de desarrollo para sus organizaciones. Deshacerse de la monarquía, causa principal, a sus ojos, de todos los males, constituía una obsesión para el proletariado. Y como en la arena política del país no aparecían como fuerza política considerable más que los partidos republicanos, y que, por otra parte, los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajo, la organización revolucionaria de más prestigio en el país, apoyaban directamente la actuación de dichos partidos y renunciaban a toda política independiente, no tiene nada de particular que las masas trabajadoras se desviaran del terreno de la lucha de clases y se dejaran hipnotizar por las ilusiones democráticas.
No somos de los que se dejan descorazonar por este estado de espíritu temporal de nuestro proletariado. Estas ilusiones, psicológicamente comprensibles, no tardarán en desaparecer. Los hombres de la república serán en este sentido nuestros auxiliares más preciosos.
Pero sería funesto confiar exclusivamente en una evolución paulatina de la conciencia de las masas sin que por nuestra parte hiciéramos nada para acelerar esta evolución. La historia no espera, y sería de consecuencias fatales para el porvenir de la revolución española que en los momentos graves y decisivos que se acercan, la clase trabajadora no estuviera preparada para desempañar el papel que históricamente le está reservado.
Paciente y tenazmente hay que poner de manifiesto ante las masas trabajadoras de nuestro país el carácter de la república implantada el día 14 de abril. Antes era un parte de las clases dirigentes la que dominaba bajo la cubierta del rey, hoy será toda la burguesía la que después de haberse puesto el traje de baile de la república (según la expresión de Marx) reinará en nombre de todo el pueblo. Todo ataque a los privilegios escandalosos de la burguesía y de los terratenientes será considerado como un atentado al régimen republicano, representante, según la ficción democrática, de los intereses de todas las clases del país.
El frente único contra el comunismo, formado por todos los elementos republicanos, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, es muy elocuente en este sentido. Y las persecuciones contra los comunistas, que no tienen nada que envidiar a las de los mejores tiempos de la monarquía, no son más que el preludio de la gran ofensiva que se prepara contra el proletariado revolucionario. Desde el punto de vista de los intereses de clase que representan y defienden, la actitud de los hombres de la República no puede ser más lógica. El comunismo es la única tendencia que se propone hacer la revolución, esa misma revolución que la burguesía ha querido evitar proclamando la República. Y por ello no contenta con las medidas represivas, procura desacreditar a los comunistas a los ojos de las masas populares acusándoles de convivencia con la extrema derecha reaccionaria, de la misma manera que los hombres del gobierno provisional ruso de 1917 acusaban a los bolcheviques de estar al servicio del Estado Mayor alemán.
En realidad, la proclamación de la República no ha sido más que una tentativa desesperada de la parte más clarividente de la burguesía y de los grandes terratenientes para salvar sus privilegios. En este sentido, la composición del gobierno provisional es extremadamente significativa. La presidencia y el Ministerio de la Gobernación se hallan en manos respectivamente de Alcalá Zamora y de Miguel Maura, católicos fervientes, representantes típicos del feudalismo y del unitarismo absolutista y reaccionario; la cartera de Hacienda la detenta el socialdemócrata Prieto, estrechamente ligado al capital financiero vasco; el ministro de Economía, Nicolau D’Olwer, es el representante de la banca catalana; finalmente, al frente del Ministerio del Trabajo se halla Largo Caballero, líder socialista, ex consejero de Estado bajo la dictadura, secretario de la central sindical reformista, Unión General de Trabajadores, y cuya misión en el gobierno es bien clara: ahogar el movimiento obrero, domesticarlo, para mayor provecho de la consolidación del régimen de explotación burguesa bajo la forma republicana.
El origen y la composición del gobierno provisional lanza una luz muy viva sobre el carácter de la segunda República española, a la cual se puede aplicar perfectamente el juicio que merecía a Marx la república proclamada en Francia en febrero de 1848. “La joven república [decía] consideraba que su mérito principal consistía en no asustar a nadie, al contrario, en asustarse a sí misma y defenderse con su propia debilidad, creyendo así desarmar a los enemigos”. La preocupación esencial de gobierno consiste en dejar intactas las bases en las cuales se apoyaba la monarquía y en evitar el desbordamiento de las masas populares, que tienden, naturalmente, a exigir la realización integral de la revolución democrática.
Es evidente que un gobierno parecido no puede resolver ninguno de los problemas fundamentales de la revolución democrática: el de la tierra, el de las nacionalidades, el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el de la transformación del aparato administrativo burocrático del antiguo régimen y el de la lucha contra la reacción.
En su primera declaración, el gobierno provisional, se expresaba en términos que muestran claramente su decisión de dejar intactas las bases de la gran propiedad agraria. Sobre el particular no formula más que una afirmación bien precisa: “La propiedad privada está garantizada por la ley”, y “no podrá ser expropiada más que por razones de utilidad pública y con la indemnización correspondiente”. Como solución, la nota se limitaba a formular la promesa vaga de que “el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra”. Es evidente (el decreto sobre la reforma agraria publicado posteriormente lo demuestra con creces) que la República no tiene la menor intención de atacar los derechos sagrados de los grandes propietarios y las supervivencias feudales, que bajo la forma de foros, aparcería, rabassa morta, arrendamientos, etc., subsisten en el país.
En la cuestión de las nacionalidades, una de las más graves de España, la actitud adoptada por el gobierno de Alcalá Zamora es no menos significativa. Es indiscutible que la proclamación de la República en Madrid, fue el acto más revolucionario realizado el 14 de abril. Un gobierno auténticamente democrático debería haber reconocido sin reservas un acto que contaba con la aquiescencia indiscutible de la mayoría aplastante del pueblo catalán. El nuevo poder central se ha levantado contra la joven República y ha dado la prueba de un espíritu chovinista, absorbente, asimilista, que no tiene nada que envidiar al del poder central monárquico desaparecido.
Por lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia, el gobierno provisional ha proclamado su deseo de mantener un contacto amistoso con la Santa Sede, limitándose prácticamente a decretar la libertad de cultos y la secularización de los cementerios, sin decir una palabra del que constituye una de las reivindicaciones tradicionales de la democracia, la separación de la Iglesia y del Estado, ni de la confiscación de los bienes de las congregaciones religiosas, ni de la expulsión de estas últimas.
¿Y el aparato del Estado? Sigue siendo el mismo del antiguo régimen. Sus partidarios más ardientes continúan ocupando los cargos más importantes.
En fin ¿qué serias medidas ha tomado el gobierno provisional para hacer frente a los golpes probables de la reacción que conspira y puede contar, en un momento decisivo, con las fuerzas armadas del antiguo régimen, que la República no sólo ha dejado intactas, sino que las emplea para ametrallar a los obreros? No creemos sea necesario demostrar la lenidad del gobierno en este sentido; si, por espíritu de conservación y bajo el impulso de las masas, ha tomado recientemente algunas medidas represivas contra los elementos monárquicos más destacados, no es menos cierto que dejó escapar a Alfonso de Borbón, a los dirigentes de las organizaciones de asesinos fundadas por el ex-gobernador civil de Barcelona general Martínez Anido, que no toma medidas radicales contra los oficiales del ejército que realizan una propaganda monárquica abierta y conspiran contra el nuevo orden de cosas, que mantiene en pie a los somatenes a pesar del decreto de disolución y asimismo a la Guardia civil, esos verdugos de la clase obrera, profundamente odiados de las masas y que recientemente han tenido la insolencia de publicar un manifiesto amenazando con aplastar el movimiento revolucionario de la clase obrera. Nunca, ni aun en los tiempos de la monarquía, ese cuerpo armado había tenido la audacia de lanzar un reto tan descarado a la clase trabajadora.
Todo esto demuestra de una manera indiscutible lo que hemos sostenido constantemente durante esos últimos meses: que la revolución democrático burguesa no puede ser realizada por la burguesía, que dicha revolución no puede ser obra más que del proletariado en el poder, apoyándose en las masas campesinas, las cuales representan en nuestro país el setenta por ciento de la población trabajadora. Más concretamente: la revolución democrático burguesa no podrá ser realizada en España más que mediante la instauración de la dictadura del proletariado.
De aquí se deduce la táctica que debe seguir el proletariado revolucionario. La línea estratégica es clara: sólo la clase obrera puede resolver los problemas que tiene planteados la revolución española, sólo la instauración de la dictadura del proletariado puede significar el coronamiento del proceso revolucionario porque atraviesa nuestro país. Pero una cosa es la estrategia y otra la táctica. Esta debe adaptarse a las circunstancias objetivas de cada momento concreto, sin perder nunca de vista, naturalmente, el fin estratégico perseguido.
En el momento actual predominan en el proletariado y en las masas populares del país las ilusiones democráticas. Nuestra misión debe consistir en desvanecer esas ilusiones demostrando, por la crítica constante de los hechos, la imposibilidad para la burguesía de dar satisfacción a ninguna de las aspiraciones de las masas, y en impulsar esas últimas a la acción enérgica y constante para conseguir que la revolución democrática sea llevada hasta las últimas consecuencias. Nadie es tan enemigo como los comunistas de los golpes de mano, de los putchs. La revolución proletaria no se puede realizar más que apoyándola en las grandes masas del país. Y por ello nuestra misión esencial debe consistir en conquistarnos a esas masas. Cuando éstas están hipnotizadas aún por la ilusión republicana, cuando no cuentan con grandes organizaciones susceptibles de canalizar el movimiento, tales como los soviets o las Juntas Revolucionarias, cuando los sindicatos son aún relativamente débiles, cuando no existen consejos de fábrica y, sobre todo, cuando falta en España un gran partido comunista, cerebro y brazo de la revolución, hablar de la toma del poder por la clase trabajadora es pura demagogia que no puede conducir más que a las aventuras estériles y, en fin de cuentas, a la derrota sangrienta del proletariado.
Por arraigadas que estén las ilusiones democráticas, no es imposible, ni mucho menos, destruirlas. Es más, este proceso se puede realizar con relativa rapidez. En los períodos revolucionarios como el actual, la conciencia de las masas trabajadoras se desarrolla con rapidez incomprensiblemente mayor que en los períodos normales. Los acontecimientos de mayo constituyen ya en este sentido un síntoma alentador. Dichos acontecimientos, que constituyen una seria advertencia para los gobernantes, demostraron que las masas empiezan a darse cuenta de la falta de decisión revolucionaria, de la lenidad extraordinaria de los hombres de la República. Indignadas ante la benevolencia con que el gobierno permitía las procacidades de la reacción monárquica, las masas trabajadoras expresaron su descontento por un medio que, aunque primitivo, no dejó de ser eficaz: pegando fuego a los conventos. No creemos nosotros que éste sea el procedimiento más indicado, todo lo contrario. Si las masas trabajadoras hubieran contado con organizaciones políticas propias, el movimiento hubiera sido dirigido y canalizado por estas últimas. A falta de ellas, las masas expresaron su voluntad como pudieron. Y en este caso la violencia con que la indignación popular se expresa, no puede asustar más que a los elementos conservadores. Cuando esta indignación se desborda, es inútil querer canalizarla por cauces legales. Es como si se intentara reglamentar la tempestad. Y la naturaleza no puede convocar las Constituyentes antes de desencadenar la tormenta.
Exigir que se realice verdaderamente la revolución democrática debe ser hoy nuestro grito de batalla. Hay que demostrar que el problema de la tierra, problema fundamental de la revolución democrática, no puede ser resuelto con decretos y declaraciones vacuas, con la creación de comisiones cuyo fin esencial consiste en esquivar la solución revolucionaria, que la única manera de resolver dicho problema consiste en abolir el derecho de propiedad privada sobre la tierra, expropiando a los terratenientes y estableciendo el principio de que la tierra debe ser para el que la trabaja.
Con respecto a la cuestión de las nacionalidades, es preciso hacer ver a las masas que no hay más que un medio de resolverlo: reconocer el derecho indiscutible de los pueblos a disponer libremente de sus destinos, sin excluir el derecho a la separación, si ésta es la voluntad evidente de la mayoría.
Hay que saludar las medidas tomadas por el gobierno provisional, bajo la presión de las masas populares, contra los elementos reaccionarios. Pero hay que decir al mismo tiempo que esta lucha será completamente ineficaz si no se destruye la base en que se apoyaba la reacción: la Iglesia y la propiedad feudal, y si, como complemento indispensable, no se disuelve la Guardia Civil, encarnación viva de la monarquía despótica desaparecida, y se arma el pueblo.
Las masas populares se contentarán cada día menos con las frases pomposas sobre la democracia y la libertad y exigirán que éstas tengan un contenido real. La primera medida democrática debe consistir en destruir el aparato burocrático-administrativo en que se apoyaba la monarquía, instituir el verdadero sufragio universal y no la parodia del mismo que nos ha brindado recientemente el gobierno de la República con su reforma electoral. En efecto, no se puede hablar de sufragio universal cuando no se reconoce el derecho del voto a las mujeres, ni a esa juventud que un papel tan brillante ha desempañado durante esos últimos años en la lucha contra la monarquía. El verdadero sufragio universal debe consistir en conceder el derecho de voto a toda la población adulta, sin distinción de sexo, sin hacer una excepción para los soldados, a partir de los diez y ocho años.
Finalmente, la clase obrera ha de reclamar, por su parte, que sea garantizada completamente su libertad de organización y de propaganda, que se liquide esa triste herencia de la dictadura que son los Comités paritarios, que se acabe con las persecuciones de los elementos revolucionarios del proletariado.
Es en este el terreno exclusivamente, lo repetimos, en el que se podrá conquistar a las masas y llevarlas, por su propia experiencia, al terreno de la lucha directa contra la dominación burguesa.
En estas circunstancias se comprenderá cuán importante es la labor de propaganda. En esta labor, el ejemplo de las revoluciones anteriores debe ser presentado constantemente a las masas a fin que aprendan a evitar los errores cometidos por sus hermanos de clase en otros países, y cuya repetición conduciría inevitablemente al proletariado a la derrota.
La historia nos ofrece tres ejemplos característicos cuya lecciones debe aprovechar la clase obrera: la Revolución francesa de 1848, la Revolución rusa y la Revolución china.
a) La experiencia de la revolución francesa de 1848
La revolución francesa de 1848, es una de las más aleccionadoras por los puntos de contacto que, en sus rasgos fundamentales, tiene con la española. El levantamiento de 1848 tuvo su origen inicial en una cuestión aparentemente secundaria: la reforma electoral. Pero el proletariado, que llevó la lucha a las barricadas, le dio un carácter profundamente revolucionario, obligando a la burguesía a proclamar la República y a dar a ésta un matiz, ya que no un contenido, social. En Francia, como aquí, la caída de la monarquía y la proclamación de la República suscitó inmensas ilusiones democráticas entre las masas. Lamartine decía que la revolución del 48 había puesto término al equívoco del antagonismo entre las clases, y que en lo sucesivo todos los franceses se fundirían en una gran democracia, cuyo común dominador sería la fraternidad (Fraternité). En realidad, la revolución de febrero de 1848 señaló el coronamiento de la dominación burguesa.
El gobierno provisional de 1848 tiene, por su origen y composición, muchos puntos de contacto con el gobierno provisional de la II República española. La analogía en este sentido no puede ser más sorprendente. Claro está, que nos referimos a sus características fundamentales, sin que con ello queramos decir que la coincidencia sea absoluta. Han pasado desde entonces muchos años y las circunstancias históricas no son absolutamente las mismas. En aquel entonces, por ejemplo, en Francia no había aún un gran proletariado industrial y el problema nacional, que desempeña aquí un papel tan importante, no estaba planteado en el país vecino. Esta última circunstancia ha hecho, por ejemplo, que surgieran en España dos gobiernos, el del poder central representante típico de la gran burguesía, y
el gobierno de la Generalidad de Cataluña, representante típico de la pequeña burguesía radical. Aquí, como en Francia, tienen una participación considerable en el gobierno los representantes de esa pequeña burguesía y así, si en el gobierno provisional de 1848 había socialistas a la violeta tales como Louis Blanc y Albert, hay entre los gobernantes de nuestra república, socialistas del mismo carácter, tales como Serra y Moret y Fernando de los Ríos. Para que la analogía histórica sea aún más evidente, hagamos notar que si el gobierno provisional de 1848 tenía a un poeta, Lamartine, la República actual tiene a un Ventura Gassol, del cual se puede decir, como decía Marx refiriéndose a aquél, que es la revolución misma, con sus ilusiones y sus frases. Bien es verdad que hay también en el gobierno socialistas de otro tipo, para los cuales los acontecimientos de los últimos años (la guerra, las revoluciones rusa y alemana, la experiencia de la colaboración de clases) no han pasado en vano. Esos socialistas (hemos nombrado a Prieto y Largo Caballero) no están llamados a desempeñar el papel que correspondió en el pasado a los socialistas sentimentales a lo Louis Blanc, sino el que han desempeñado los perros de presa de la burguesía, tales como Noske en Alemania.
En 1848 el proletariado, que luchó heroicamente en las barricadas, en vez de atacar de frente al régimen burgués, se convirtió en un simple apéndice de la pequeña burguesía radical. El resultado de esta política fue la sangrienta derrota del mes de junio, que cimentó la dominación burguesa, aplastó al proletariado por largos años y preparó el golpe de Estado de Napoleón III. El instrumento de esa reacción fue un general republicano, Cavaignac. Estos acontecimientos señalaron el desastre de la ideología pequeño burguesa. Es ésta una lección que la clase trabajadora de nuestro país debe tener muy en cuenta. Desgraciadamente, en estos últimos años, la clase obrera española, dirigida por los anarcosindicalistas y los socialistas, no ha tenido una política de clase independiente, y se ha limitado a hacer servilmente el juego a la izquierda radical burguesa. Si nuestro proletariado no se apresura a librarse de la influencia de esta última, y a adoptar una política propia, será aplastada irremisiblemente por la burguesía, y las jornadas apoteósicas del mes de abril serán seguidas inexorablemente, en un porvenir más o menos próximo, de unas jornadas de junio, para las cuales no faltará un Cavaignac, más o menos republicano.
Como esta cuestión tiene una importancia fundamental para el porvenir de la revolución española, pediremos perdón al lector por nuestra insistencia.
La política pequeño burguesa, por radical que aparezca exteriormente, no pude conducir más que a la derrota del proletariado. Es ésta una consecuencia directa de la situación que dicha clase ocupa en el sistema
económico capitalista. Karl Marx, que ha publicado magníficos estudios sobre la Revolución francesa de 1848 y la restauración napoleónica (La lucha de clases en Francia y El XVIII Brumario de Luis Bonaparte) dice a propósito de la pequeña burguesía radical francesa: “Reclama instituciones republicanas democráticas, no para suprimir los dos extremos, el capital y el asalariado, sino para atenuar el antagonismo de los mismos y transformarlo en armonía. Sea cual sea la diversidad de los medios propuestos para conseguir este fin, y a pesar del carácter más o menos revolucionario de las ideas que se unen al mismo, el fondo sigue siendo idéntico: se trata de transformar la sociedad apoyándose en la democracia, pero sin ir más allá de los límites de la pequeña burguesía. No hay que imaginarse, dejándose llevar por una idea estrecha, que la pequeña burguesía quisiera, en principio, hacer prevalecer un interés egoísta de clase. Ella se imaginaba, por el contrario, que las condiciones particulares de su emancipación son las únicas condiciones generales susceptibles de salvar a la sociedad moderna y de evitar la lucha de clases. No hay que imaginarse tampoco que los representantes demócratas sean todos unos tenderos. Su cultura y su situación individual pueden alejarlos de éstos considerablemente. Lo que hace de ellos los representantes de los pequeños burgueses es que no pueden sobrepasarlos en la práctica y que, teóricamente, se ven empujados a los mismos problemas y a las mismas soluciones que el interés material y la situación social imponen prácticamente a los segundos. Tal es, por otra parte, la relación que existe ordinariamente entre una clase y sus representantes políticos y literarios”.
Hemos insistido particularmente sobre el papel de la pequeña burguesía radical en los grandes acontecimientos políticos, precisamente porque esta clase social desempeña un gran papel en la vida política de nuestro país. En Cataluña, muy principalmente, el gobierno de la Generalidad tiene un carácter netamente pequeño burgués. Y ya en sus primeros pasos ha puesto de manifiesto la indecisión, las vacilaciones características de esa clase social. Los hombres dirigentes de la República en Cataluña han prodigado las frases revolucionarias y demagógicas. En vísperas de las elecciones municipales de abril, los oradores de la Izquierda Republicana, capitaneada por el señor Macià, llevaban a cabo una agitación casi comunista, con lo cual, dicho sea de paso, consiguieron incluso atraerse a una gran parte de la clase trabajadora. Pero como sucede siempre con la pequeña burguesía, todo esto no ha pasado de fraseología pura, y la acción, desde el gobierno de la Generalidad, no ha correspondido ni mucho menos al tono amenazador y violento de las declaraciones públicas. Y es que, citando nuevamente unas frases lapidarias de Marx, que parecen escritas para nuestra situación: “las amenazas revolucionarias de los pequeños burgueses y de sus representantes demócratas no persiguen otro fin que intimidar a los
adversarios. Y cuando han emprendido un camino sin salida y se han comprometido suficientemente para verse obligados a la ejecución de sus amenazas, recurren al equívoco, esquivan, ante todo, los medios de la realización y buscan pretexto para la derrota. La obertura brillante que anunciaba el combate se transforma en un débil murmullo, así que el combate ha de empezar, los actores acaban por no tomarse en serio ellos mismos y la intriga se acaba como un globo que una picada de aguja ha deshinchado”.
b) La experiencia de la Revolución rusa
Otra de las experiencias que el proletariado no debe olvidar es la Revolución rusa.
Entre la situación de Rusia en vísperas de la revolución y la de España hay una analogía de una evidencia sorprendente. En Rusia, como en España, la creación del Estado unificado y centralizado precedió al desarrollo del capitalismo, y la unidad obtenida fue una unidad absolutista y despótica, caracterizada por la más irritante desigualdad nacional. En Rusia, como en España, el poder había sido monopolizado por la clase de los terratenientes, y allí como aquí no se había realizado la revolución burguesa característica de los grandes países capitalistas. Finalmente, en Rusia, como aquí, la burguesía era débil, substancialmente regresiva e incapaz de resolver radicalmente los problemas fundamentales de la revolución democrática burguesa: el de la tierra, el de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el de las nacionalidades, el de la renovación del aparato burocrático administrativo. Y, sin embargo, cuando en febrero de 1917 se derrumbó la monarquía secular de los Romanov por la acción de las masas obreras y campesinas, fue esa misma burguesía regresiva, que temía la revolución, la que tomó el poder precisamente para decapitar a esta última. En este sentido hay también una analogía fundamental con la situación española. En cambio, la diferencia esencial consiste en el hecho de que la hegemonía del movimiento la había ejercido el proletariado, el cual contaba, por otra parte, con los soviets, organismos revolucionarios insustituibles. Esto hizo que desde el primer momento se estableciera una especie de poder dual: el del gobierno provisional y el de los soviets. Como resultado de ello, nació un gobierno de coalición, del cual entraron a formar parte representantes de los partidos que en aquel entonces predominaban en los soviets: los socialistas revolucionarios y los mencheviques. Es, sobre todo, la experiencia de la política de estos partidos eminentemente pequeño burgueses, muy particularmente de la del primero, la que la clase trabajadora de nuestro país debe utilizar.
Los mencheviques y los socialistas revolucionarios creían en la posibilidad de un régimen político democrático, representante de los intereses de toda la población, que resolvería por la vía parlamentaria los problemas fundamentales que la revolución rusa tenía planteados. La experiencia demostró lo utópico de esta concepción. Un gobierno en el cual estaban representadas la gran burguesía industrial y la gran propiedad agraria, ligadas con el imperialismo de la Entente, no podía dar satisfacción a las dos aspiraciones fundamentales de las masas: la paz y la tierra. Desde el poder no se podía practicar más que una política en defensa de los intereses de las clases privilegiadas o una política netamente proletaria, la única que, por otra parte, podía llevar a cabo la revolución democrático burguesa. El gobierno de coalición servía la primera de estas políticas; sólo el derrumbamiento de dicho gobierno y la instauración de la dictadura del proletariado podía llevar a cabo la segunda. Esto es lo que se esforzaron en demostrar los bolcheviques a las masas obreras y campesinas del país, las cuales acabaron por persuadirse, en la práctica, de que la única solución viable y eficaz era la bolchevista.
Durante los ocho meses en que estuvo en el poder el gobierno provisional, no se resolvió ninguno de los problemas esenciales de la revolución democrático burguesa. La fuerza armada del nuevo régimen fue mandada contra los campesinos que habían intentado expropiar a los terratenientes. En la cuestión nacional, el gobierno provisional siguió la misma política absorbente y asimilista del zarismo. Al frente del ejército continuaron los mismos hombres de ayer, y el aparato burocrático administrativo quedó en manos de los elementos del antiguo régimen.
Los grandes partidos pequeño burgueses fueron el juguete de los grandes propietarios e industriales, y las masas, hipnotizadas antes por la propaganda demagógica de esos partidos, acabaron por volverles la espalda cuando vieron que ninguna de sus aspiraciones eran satisfechas. El resultado de la política de los socialistas revolucionarios y los mencheviques fue en Rusia la tentavia contrarrevolucionaria del general Kornilov. Esta tentativa fracasó porque esos partidos pequeño burgueses habían perdido mucho terreno entre las masas, y el partido bolchevique había conseguido ya ejercer una influencia considerable sobre las mismas. De no ser así, y de no existir por añadidura organizaciones tales como los soviets, es muy probable que Kornilov habría barrido el gobierno provisional y restablecido la autocracia. La lección es tanto más útil para España cuanto, desgraciadamente, la clase trabajadora no cuenta en la actualidad ni con organizaciones de masas tales como los soviets, ni con un potente partido comunista. Esto aumenta el peligro de un golpe de Estado reaccionario.
Es evidente, que la aparición de Kornilov y su tentativa contrarrevolucionaria no hubieran sido posibles sin la existencia de esa política de la pequeña burguesía radical, que demostró una vez más su impotencia. Los representantes de esos partidos, cuando los bolcheviques anunciaban la posibilidad del peligro contestaban: “Si viene un Cavaignac lucharemos todos juntos”. En contestación a esto, Lenin publicó un artículo magnífico, que puede ser calificado de clásico. Se titula dicho artículo “¿Cuál es el origen social de los Cavaignac?”, y sus enseñanzas son tan preciosas para la clase trabajadora en general y para el proletariado español en particular, que no vacilamos en reproducir una gran parte del mismo, seguros de que el lector nos perdonará la extensión del extracto.
“Recordemos el papel de clase de Cavaignac (decía Lenin). En febrero de 1848 es derrocada la monarquía en Francia. Los republicanos burgueses están en el poder. Como nuestros k.d., “quieren el orden”, considerando como tal la restauración y la consolidación de los instrumentos monárquicos de opresión de las masas: la policía, el ejército permanente, la burocracia privilegiada. Como nuestros k.d., quieren poner término a la revolución, odiando al proletariado revolucionario que en aquel entonces tenía aspiraciones “sociales” (esto es socialistas) muy indefinidas. Como nuestros k.d., se mostraban implacablemente hostiles a la política de transportar la revolución a toda Europa, a la política de convertir a aquella en revolución proletaria internacional. Como nuestros k.d. utilizaban hábilmente el “socialismo” pequeño burgués de Louis Blanc, a quien tomaban como ministro, convirtiéndolo de jefe de los obreros socialistas, que quería ser él, en un apéndice de la burguesía.”
“Tales fueron los intereses de clase, la posición y la política de la casta dominante.”
“Otra fuerza social fundamental era la pequeña burguesía, vacilante, asustada por el espectro rojo y que se dejaba influenciar por los gritos contra los “anarquistas”. En sus aspiraciones a un socialismo soñador y verbal, la pequeña burguesía temía confiar la dirección de la revolución al proletariado revolucionario, no comprendiendo que este temor les condenaba a depositar la confianza en la burguesía. Pues en una sociedad de lucha de clases encarnizada entre la burguesía y el proletariado, sobre todo con la exacerbación inevitable de esta lucha por la revolución, no puede haber una línea “media”. La posición de clase y las aspiraciones de la pequeña burguesía consisten en substancia en querer lo imposible, en aspirar a lo imposible esto es, precisamente a esa “línea media”.”
“La tercera fuerza de clase decisiva era el proletariado, el cual aspiraba no a la “conciliación” con la burguesía, sino a la victoria sobre la misma, al desarrollo audaz de la revolución y, por añadidura, en el terreno internacional.”
“He aquí la base histórica objetiva que engendró a Cavaignac. Las vacilaciones de la pequeña burguesía la “eliminaron” del papel de participante activo, y aprovechando su temor a prestar confianza a los proletarios, el k.d. francés general Cavaignac desarmó a los obreros de París y los ametralló.”
“La revolución se terminó con esta matanza histórica; la pequeña burguesía, numéricamente predominante. era y seguía siendo un apéndice político importante de la burguesía, y tres años más tarde se restauraba nuevamente en Francia la monarquía cesarista en una forma particularmente ignominiosa (…) No es que Tseretelli o Chernov personalmente, e incluso Kerenski, estén llamados a desempeñar el papel de Cavaignac; para esto se encontrarán otros hombres que en el momento oportuno dirán a los Louis Blanc rusos: “Marchaos”, pero los Tseretelli y los Chernov son los jefes de una política pequeño burguesa que hace posible y necesaria la aparición de los Cavaignac.”
“¡Cuándo venga el verdadero Cavaignac, estaremos con vosotros! — (¡Magnífica promesa, espléndido propósito!) Lástima únicamente que ponga de manifiesto la incomprensión de la lucha de clases, típica para la pequeña burguesía sentimental y temerosa. Pues Cavaignac no es una casualidad, su “advenimiento” no es un hecho aislado. Cavaignac es el representante de una clase (la burguesía contrarrevolucionaria), es el realizador, de su política. Y es, precisamente, esa clase, esa política la que sostenéis ya ahora, señores s.r. y mencheviques. A esa clase y a su política dais, a pesar de tener en este momento la mayoría evidente el país, el predominio en el gobierno, esto es, una base magnífica para su actuación”.
Y Lenin termina esta página insustituible con la siguiente conclusión:
“Verbalmente, Louis Blanc se hallaba lejos de Cavaignac como el cielo de la tierra. Louis Blanc había hecho asimismo infinitas veces la promesa de luchar junto con los obreros revolucionarios contra los contrarrevolucionarios burgueses. Y, al mismo tiempo, no habrá ningún historiador marxista, ningún socialista, que dude que fueron precisamente la debilidad, las vacilaciones, la confianza en la burguesía por parte de Louis Blanc las que engendraron a Cavaignac y le aseguraron el éxito”.
Nada se puede añadir a estas palabras definitivas. El lector no tiene más que aplicarlas a nuestra realidad concreta, y sacar de ello las consecuencias prácticas necesarias.
c) La experiencia de la Revolución china
La última experiencia histórica sobre la cual queremos fijar la atención del lector, aunque no sea más que someramente, es la de la Revolución china.
En dicho país, bajo el pretexto de la necesidad de la lucha contra el enemigo común, el imperialismo, el proletariado infeudó sus destinos al Kuomintang, partido eminentemente burgués. La burguesía pudo reforzar así sus posiciones y debilitar las de su enemigo de clase, lo cual le permitió aplastar la revolución popular en el momento oportuno. Durante los años de gran impulso del movimiento revolucionario (1925-1927) la burguesía nacionalista, con el fin de atraerse a las masas trabajadoras y garantizar mejor el éxito del golpe que preparaba contra las mismas, empleaba un lenguaje extremadamente demagógico, no vacilando en declarar su solidaridad completa con la revolución rusa y aun con la III Internacional. A pesar de las advertencias de algunos elementos clarividentes de la Internacional Comunista, muy principalmente de la Oposición de Izquierda acaudillada por el compañero Trotski, los comunistas chinos practicaron una política de colaboración con el Kuomintang, cuya característica esencial fue la pérdida de toda independencia política por parte del proletariado revolucionario y la subordinación del mismo a los intereses de la burguesía nacional. Los resultados de esta política no pudieron ser más funestos: el general Chang-Kai Chek, ensalzado por los propios comunistas como el caudillo de la revolución, aprovechó el momento de la entrada de las tropas del sur en Changai, para dar un golpe de Estado y emprender una represión feroz contra el proletariado. Sin embargo, esta experiencia no fue aprovechada. El partido comunista, de acuerdo con las orientaciones de la Internacional, en vez de reaccionar inmediatamente, aprovechándose del impulso que tenía el movimiento revolucionario, para crear soviets y emprender la lucha contra la burguesía, prestó su apoyo decidido a los elementos de la pequeña burguesía radical que formaban la izquierda del Kuomintang y que constituyeron un gobierno en Wuhan. Las advertencias de la Oposición Comunista de izquierda, esta vez tampoco fueron escuchadas. El resultado no se hizo esperar. Los demócratas de izquierda, acaudillados por VanTsin-Vei (grupo político cuya ideología es de una analogía sorprendente con la de nuestra extrema izquierda burguesa) no fueron más que un juguete en manos de la gran burguesía: bien pronto el ejemplo de Changai fue seguido por Wuhan, y se inició esa terrible represión contra el movimiento revolucionario chino que ha costado torrentes de sangre a los obreros y campesinos de aquel país.
De estos tres ejemplos que hemos citado, el proletariado de todos los países debe sacar las lecciones debidas. Estas experiencias demuestran que la burguesía no persigue más que un fin: consolidar, por todos los medios, su dominación de clase, que la pequeña burguesía de izquierda, a pesar de su fraseología radical, se convierte en el instrumento de los intereses de aquélla y, finalmente que el proletariado, al dejarse influenciar por la izquierda democrática, o lo que es peor, al infeudar sus destinos a la misma, se condena a la propia derrota. Las consecuencias prácticas que de ello debe sacar el proletariado son: no dejarse hipnotizar por la ficción democrática; luchar por la verdadera revolución democrática, lo cual implica la lucha contra la burguesía; sostener una política netamente proletaria, sin concomitancia alguna con la pequeña burguesía radical.
¿Dónde va la República española? ¿En qué sentido se desarrollarán los acontecimientos? Lo dicho más arriba nos permite contestar a esta pregunta con una afirmación escueta: si la clase obrera no se organiza sólidamente, reforzando sus sindicatos, creando consejos de fábrica, constituyendo Juntas revolucionarias, y, sobre todo, forjando un potente partido comunista, la república se desarrollará en el sentido de la consolidación de la burguesía y de la inauguración de un período de reacción feroz. Esta reacción puede ser el resultado de un golpe de Estado militar o de la evolución de las propias formas republicanas. Si en Rusia hubo un Kornilov, y un Iriburu en la Argentina, un Ibáñez en Chile y un Carmona en Portugal, esto no significa que haya de ser precisamente un general el instrumento de la reacción burguesa en nuestro país. No olvidemos que si fue un general republicano, Cavaignac, el que en junio de 1848 ametralló a los obreros de París, en mayo de 1871 fue un hombre civil, Thiers, el que ahogó en sangre la “Commune”. Este último ejemplo es particularmente aleccionador para nosotros, por cuanto durante la campaña que precedió a la caída de la monarquía, los hombres del campo republicano, desde los de la extrema derecha a los de la extrema izquierda, nos presentaban precisamente como modelo a Thiers.
El proletariado, aliado con las grandes masas campesinas, es el único capaz de evitar la reacción, impulsando la revolución democrática hasta sus últimas consecuencias y preparando, así, el terreno para la instauración de la dictadura del proletariado.
Entre sectores considerables del movimiento obrero revolucionario (y muy particularmente entre los militantes de la Confederación Nacional del Trabajo) está muy difundida la idea de la posibilidad de un período de tres
o cuatro años de desarrollo pacífico, sin sacudidas, de la organización obrera. Esta idea es un resultado de las ilusiones democráticas a que hemos aludido repetidamente. La posibilidad de un período tal está absolutamente descartada. Los hechos de estas últimas semanas lo confirman de un modo incontestable. La crisis porque atraviesa la burguesía española no podía ser resuelta, porque sus contradicciones son irresolubles en el marco del régimen capitalista. La situación de las masas obreras y campesinas irá agravándose de día en día, y la lucha de clases tomará proporciones cada vez más vastas y caracteres más agudos. En estas condiciones es absolutamente ilusorio imaginarse que la burguesía puede permitir el desarrollo pacífico de las organizaciones obreras. El período que se abre no es, pues, un período de paz, sino de lucha encendida. Y en esta lucha estarán en juego los intereses fundamentales de la clase trabajadora y todo su porvenir. La clase obrera será derrotada si en el momento crítico no dispone de los elementos de combate necesarios: triunfará, si cuenta con estos elementos, si se desprende de todo contacto con la democracia burguesa, practica una política netamente de clase y sabe aprovechar el momento oportuno para dar el asalto al poder.
Los peligros que amenazan al proletariado español son enormes: el proceso iniciado, en vez de terminar en una revolución, puede tener como coronamiento un aborto. Todo dependerá del acierto con que la vanguardia revolucionaria actúe en los acontecimientos que se avecinan.
La burguesía republicana tiene interés en presentar la reunión de las Cortes constituyentes como la etapa final de la revolución. Es éste un error fundamental, que la burguesía tiene un interés comprensible en mantener con el fin de evitar lo que más teme y para lo cual sacrificó, en esencia, a la monarquía: la revolución. La reunión de las Cortes constituyentes no es más que una de las etapas del proceso revolucionario de nuestro país. Las Cortes darán un nuevo impulso al movimiento, y el período deberá ser aprovechado por la clase trabajadora para prepararse. Pero no hay que olvidar, que, sea como sea, disponemos de poco tiempo. En cambio, las tareas que nos incumbe realizar son inmensas. La más urgente es la de la creación del partido. Sin un partido, la clase trabajadora no podría emanciparse, y el proceso revolucionario será contenido por la reacción burguesa. Por esto el deber de todos los revolucionarios españoles sinceros debe consistir en consagrar todos sus esfuerzos a forjar ese instrumento de deliberación de que tiene necesidad indispensable el proletariado. En realidad, el partido hoy no existe. Hay una serie de grupos dispersos, sin ninguna conexión entre sí. No queremos examinar aquí las causas de este triste estado de cosas. Basta consignar que la unificación de todas las fuerzas comunistas españolas sin distinción, se impone como una necesidad urgente e indispensable.
Si conseguimos constituir este gran partido comunista que ha de ser el instrumento de liberación de la clase trabajadora, si logramos hacer comprender al proletariado sus verdaderos fines en la revolución, si sabemos organizarlo en los sindicatos, en los Comités de fábrica, en las Juntas revolucionarias, finalmente, si logramos establecer la unión entre el proletariado y los campesinos, evitaremos que la revolución sea estrangulada y que, según la frase de Marx, “los brillantes castillos de fuegos artificiales de Lamartine, se conviertan en las bombas incendiarias de Cavaignac”.
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[1] “La crise de la dictature militaire en Espagne”, en La Lutte de classes, París, nº 18.