EN DEFENSA DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO¹

El primer año de vida del Instituto Pedagógico, acaba de ser turbado por un incidente, que sería prematuro declarar resuelto con la ejecución de la medida disciplinaria dictada por las autoridades superiores de Instrucción Pública contra seis alumnos de ese centro de enseñanza. Porque el incidente comienza, en realidad, con esta medida, si se considera con ánimo sereno los hechos que la han antecedido.

Estos seis estudiantes normalistas no son responsables sino de haber redactado, por mandato de una asamblea de sus compañeros, y en términos que en esta asamblea quedaron acordados, un memorial al Con­greso, respecto a las deficiencias que, a juicio del alumnado, son evidentes en el fun­cionamiento del Instituto Pedagógico.²  El acierto o desacierto de los alumnos al resolver dirigirse al Congreso, más bien que al Ministerio del Ramo, es una cuestión que, por mi parte, no me propongo examinar. Entiendo que, en materia administrativa, una solicitud al Congreso tiene que recorrer, en el mejor de los casos, un camino más largo y moroso que una solicitud al Ministerio competente. Es posible que en el criterio de los alumnos peticionarios, al recurrir al Con­greso, haya incluido la consideración de que, siendo uno de los puntos del memorial la necesidad de trasladar el Instituto Pedagógico a un local apropiado, dependía del voto de las Cámaras, en la dación del Presupuesto de la República, la solución del mayor problema de esa Normal Superior, contem­plado en la petición. Cualquiera que sea el juicio que se pronuncie sobre esta cuestión de procedimiento, lo que está en causa es la responsabilidad en que pueden haber incu­rrido, conforme al director del Instituto y las autoridades de Enseñanza, los seis alum­nos mencionados.

La medida extrema con que se les ha castigado —cancelación de sus becas y ma­trícula— no ha seguido a una sumaria in-formación, verificada por el Ministerio mis­mo. De otro modo, se habría sabido que nin­guna sanción, en el caso de ser procedente, podía recaer exclusivamente en los seis alum­nos, que, obedeciendo a una deliberación de sus compañeros, redactaron el memorial. No se trata, como la medida adoptada parece suponer, de los instigadores, de los promo­tores de una protesta. Como fueron desig­nados estos seis alumnos, pudieron ser de-signados otros que, sin duda, habrían desempeñado el encargo en la misma forma. Los puntos del memorial quedaron determinados en la asamblea que nombró a la comisión. En la designación de ésta, se tuvo seguramente en cuenta las dotes de inteligencia y sagacidad de sus miembros para interpretar con éxito el sentimiento del alumnado. El memorial, en fin, fue oportunamente cono­cido y aprobado por los 150 alumnos que lo suscriben. ¿Por qué, la represión descu­bre sólo seis culpables? Esta es la interro­gación de los 150 firmantes.

Pero no sólo acontece que se ha prescin­dido de toda investigación prudente de los hechos sino que, probablemente, el Minis­tro de Instrucción Pública no se ha informado de los términos del memorial. Estos no autorizan ningún castigo. Los alumnos se han dirigido al Congreso con todo respeto y toda mesura. No los movía ninguna inten­ción de turbulencia, sino el anhelo legítimo de que la enseñanza, la administración, el funcionamiento general del Instituto sean reformados y mejorados. El más elemental criterio de eficacia y oportunidad, se opo­nía a que asumieran una actitud imperti­nente. Pueden haberse equivocado en el trá­mite y el método; pero esto quedaría sufi­cientemente castigado con una reconvención.

La expulsión pone súbitamente en la calle a seis estudiantes, todos ellos pobres y provincianos, sin recursos para sostenerse, fuera del Instituto, en la capital. Los conde­na a la pérdida de una carrera, a la que con­sagraban entusiastamente su juventud y su inteligencia. Uno o dos de estos alumnos, si no me equivoco, debían terminar este año sus estudios.

El incidente, por otra parte, no queda resuelto, como digo al comenzar, con la me­dida extrema adoptada. Sin esta medida, no habría trastorno alguno en la existencia del Instituto Pedagógico. Los alumnos habrían rectificado o abandonado su gestión, en espera de que el doctor Oliveira, —a quien por el hecho de estar vinculado su nombre a la creación de este establecimiento, sobre las bases de la antigua Escuela Normal, se debe suponer interesado en que su marcha no sufra fallas—, quisiera informarse de su desiderata y atenderlos en la medida en que lo creyese oportuno.

Frente a una expulsión, de tan evidente injusticia, el alumnado del Instituto Pedagógico tiene deberes de solidaridad, más aún, tiene deberes de responsabilidad de sus actos, que es imposible impedirle que cumpla. Si se quiere que un conflicto cuyas derivaciones nadie puede prever, no altere el orden del Instituto Pedagógico, en su primer año de trabajo, la reconsideración del castigo debe ser concedida sin demora. La Asociación de Normalistas, órgano del preceptorado nacional, ampara la demanda que en este sentido formulan los estudiantes del Instituto Pedagógico. Los estudiantes de la Universidad, a su vez, aguardan con ansiedad la resolución del Ministro de Instrucción. El caso de Guadalupe —piensan todos— se repite con circunstancias agravantes. El doctor Oliveira está ante una cuestión de justicia, a la cual no debe sobrepo­nerse ninguna consideración adjetiva y procesal. 

NOTAS:

¹ Publicado en Mundial, Lima, 31 de agosto de 1928.

² (Amauta, en su Nº 17 (setiembre de 1928, sección "Panorama Móvil"), comentó la crisis precipitada en el Instituto Pedagógico por la expulsión de los seis alumnos, en los siguientes términos:

EL DERECHO DE OPINION Y DE CRITICA DE LOS ESTUDIANTES

"Un memorial elevado por los alumnos del Instituto Pedagógico Nacional a la Cámara de Diputados, solicitando un nuevo local y mejores métodos de administración y enseñanza, ha causado la inmediata expulsión de seis alumnos de ese instituto —Heraclio Garmendia, Esteban Hidalgo S. Francisco Quiroz S., Emilio Barrantes, Emilio Morales, Je­sús Gutiérrez— reputados precipitada e inapelablemente por el Ministerio de Instrucción como instigadores de esa actitud del alumnado que no ha tenido, sin embargo, nada de descompuesta ni turbulenta. Los seis estudiantes nombrados no eran responsables sino de la redacción del memorial, por mandato de una asamblea del alumnado, en la cual queda-ron acordados los términos de este documento. Esta expli­cación no ha bastado para obtener la reconsideración de tan extrema medida. Las gestiones de los alumnos del Ins­tituto Pedagógico y de la Asociación Nacional de Normalis­tas, no han sido atendidas por el Ministerio, obstinado en su desacierto. Apenas si, como revisión de la pena, se ha des­pachado a los seis estudiantes a sus provincias, con la promesa de que el año próximo serán readmitidos los seis en el Instituto.

"Nuestro compañero José Carlos Mariátegui ha tratado ya en Mundial este hecho, que coincide con la crisis de la Uni­versidad de Arequipa, agravada y no resuelta según se nos. avisa, por el rector Dr. Escomel con la expulsión de varios alumnos. No tenemos aún la confirmación de esta noticia. Pero lo acontecido en la Escuela Normal nos basta para denunciar el criterio cerradamente reaccionario con que se actúa la reforma de la enseñanza superior, reaccionaria también en su espíritu, a pesar de cierto paramento de innovación y del golpe asestado a la antigua oligarquía de San Marcos en su estado mayor".